UN DICTAMEN REAFIRMA QUE LA CIUDADANIA TIENE "DERECHO A LA INFORMACION"
El fiscal Guillermo Sancho le dio la razón a los diputados del Frepam, Martín Berhongaray y Luis Solana, y también el concejal Félix Villatoro, quienes habían planteado un amparo por la falta de información por parte del Estado provincial y Camuzzi Gas Pampeana.
La resolución del titular de la Fiscalía General vuelve a reconocer el derecho constitucional al libre acceso a la información pública reclamado por los legisladores, y reconoce la plena vigencia y aplicación al caso del decreto nacional 1172/03 que reglamenta el derecho al libre acceso a la información pública. De esa forma refuta el planteo de inconstitucionalidad formulado por Camuzzi Gas Pampeana.
La acción de amparo fue iniciada contra el Estado Provincial y Camuzzi después de haber cursado notas solicitando información por la imposibilidad de muchos vecinos de acceder al servicio de gas natural.
Pedido improcedente de Camuzzi.
La resolución firmada por Sancho, en forma terminante, califica al pedido de Camuzzi como "improcedente a la luz de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país como de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia". El escrito judicial agrega que "la Corte considera ilegal e irrazonable la negativa gubernamental que pretende excluir información importante de su gestión del conocimiento y discusión pública, lo que es condición necesaria para organizar una republica democrática".
Se invoca, entre otros tratados, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Ley 26097 que aprobó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
El expediente de la causa en cuestión tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería n° 4 de Santa Rosa.
Los legisladores afirmaron que confían que "en los próximos días se resolverá favorablemente el planteo de fondo, haciendo lugar al libre acceso a la información pública y obligando tanto al estado Provincial como a Camuzzi a responder" los interrogantes que plantearon.
Lo que se quería conocer.
Los diputados Berhongaray y Solana y el edil Villatoro, pretendían que el Estado provincial y Camuzzi contestaran una serie de interrogantes, como qué obras de infraestructura resultan necesarias para afianzar el desarrollo urbano y satisfacer las necesidades de abastecimiento de la totalidad de la población pampeana; también que se indiquen características técnicas de cada una de ellas, monto aproximado de las inversiones y plazo estimado de ejecución. Además pedían precisiones sobre quién asumirá las obligaciones de planificación, ejecución y puesta en marcha de las tareas necesarias para concretar las obras requeridas; quién debería realizar los desembolsos para completar y finalizar las obras de infraestructura; cuál ha sido el volumen de gas natural distribuido por Camuzzi Gas Pampeana S.A. durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013; y cuántas solicitudes de conexión se encuentran pendientes de autorización.
Un antecedente.
Los amparistas saludaron "que se afiance en la justicia pampeana el reconocimiento del derecho constitucional que tiene todo ciudadano a solicitar y recibir la información de carácter público". En ese sentido recordaron y destacaron "una vez más el valiente y pionero fallo dictado meses atrás por la jueza María del Carmen García", en el amparo presentado por los diputados Lila Duperou y Martín Berhongaray, donde se cuestionó la irregular adjudicación de viviendas administradas por el IPAV.