Autoridades de la AFIP solicitaron una reunión con los diputados
Luis Solana y Martín Berhongaray (Frepam), para que éstos les
suministren toda la información que pudieran tener con respecto a una
situación por usura de una financiera con la denunciante Gladys
Domínguez.
Como se informara la semana anterior en este diario, los
legisladores del Frepam acompañaron a la mujer víctima de usura a
realizar la denuncia correspondiente, y ahora el organismo de control
estaría dispuesto a investigar eventuales casos de evasión.
Los
diputados le adjuntaron a la AFIP copia del contrato de la financiera
(Provencred) con la víctima Gladys Domínguez y el plan de cuotas con
intereses por mora. Después de realizada la denuncia ante la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas, la AFIP requirió a los legisladores
copia de la denuncia para investigar la cuestión.
El día 2 de agosto
Solana y Berhongaray acompañaron a Domínguez en la presentación de una
denuncia penal pidiendo que "la Justicia dicte un fallo ejemplar para
que se extienda a todas las situaciones de usura".
Combatir la usura.
Explicaron
que la idea era confrontar directamente a las entidades financieras que
cobran tasas usurarias en la provincia, perjudicando principalmente a
los empleados públicos y a los sectores informales que solicitan
préstamos. "No vamos a dejar que le sigan robando a los humildes",
afirmaron.
En la presentación ante la Justicia provincial señalaron
que en el caso que presentaban "se configura la situación de necesidad
que exige el tipo legal, toda vez que por carencia de fondos se encontró
en el trance de procurárselos a cualquier precio y de aceptar una
imposición desmedida de parte de la financiera que los facilitó".
Razonaron
que "el préstamo personal otorgado por una financiera creó una fuente
de ingresos o negocios delictivos que constituyen la nota central para
la consideración de la agravante". Recordaron que el artículo 175 bis
del Código Penal reprime con pena de prisión de 1 a 3 años y multa de
5.000 a 20.000 pesos al que "aprovechando la necesidad, la ligereza o la
inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier
forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias
evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o
garantías de carácter extorsivo".
El caso Domínguez.
En el
préstamo a Gladys Domínguez se explicó que debió acceder al préstamo a
tasas usurarias a partir del fallecimiento de su pareja. Dijeron los
diputados que la mujer "sólo evaluó su capacidad de pago de cuotas
pequeñas, sin reparar que terminaría pagando tasas de interés usurarias
que suponen la devolución, al cabo de tres años, de más de tres veces el
monto recibido". De hecho, recibió 25.000 pesos y al cabo de 36 meses
debía restituir 89.357,60 pesos.
La tasa del 139,84% no aparecería
para nada razonable, y los diputados lo compararon con otras tasas de
préstamos, como por ejemplo la del banco Santander Río que es del 46,59
por ciento, la del Banco Nación del 38,43 por ciento y la de los
préstamos del Instituto de Seguridad Social, que llega al 29,84 por
ciento.