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Sobre el incremento del 100% de la dieta de Legisladores Nacionales


Gran polvareda se ha levantado a partir del imprudente aumento de dieta de los legisladores nacionales, situación que nos obliga a opinar ya que pone en discusión toda la política y el sistema de representación.
En principio nuestra Constitución Nacional y Provincial establecen:

Constitución Nacional


Artículo 74- Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el Tesoro de la Nación, con una dotación que señalará la ley.

Artículo 92.- El Presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna.


Constitución provincial

Artículo 61°.- Los diputados gozarán del sueldo que la ley fije, el cual no podrá ser alterado durante el término de su mandato, salvo cuando la modificación fuere dispuesta con carácter general.

Artículo 77°.- El Gobernador y el Vicegobernador gozarán del sueldo que la ley fije, el cual no podrá ser alterado durante el término de su mandato, salvo cuando la modificación fuere dispuesta con carácter general.


ESTIMACION DE RECURSOS PERSONALES DE LOS LEGISLADORES NACIONALES.



Sueldos
35.000
Desarraigo (mas 100 Km de Capital Federal)
5.000
Representación (reservados)
10.000
Pasajes (20 tramos x $552)
11.040
Total
61.040


Nadie, y en particular los legisladores nacionales pueden negar que existe un creciente escepticismo en torno a la honestidad de muchos sectores dirigentes, tanto públicos como privados. El aumento del 100 % en las dietas de los legisladores nacionales, en un contexto de ajustes, de crisis política, social y económica,  determina además una crisis moral y robustece el estado de duda de quienes deberían generar mayor credibilidad, confianza y seguridad en la sociedad.
La virtud de las instituciones se alimenta más que por su contenido por el recto desempeño de las personas que ejercen sus funciones. La salud de nuestro sistema democrático así lo requiere.
Con esta acción, una vez más,  se vuelven a defraudar  las expectativas de la ciudadanía, que trae como consecuencia seguir profundizando el lógico descreimiento en nuestras instituciones y en quienes transitan por  ellas.
Estamos convencidos que se debe actuar entre dos limites: el primero es que un representante del pueblo debe gozar de una dieta que permita despreocuparse de su subsistencia para atender los asuntos públicos y que tenga acceso a todo lo necesario para el ejercicio de la función que se le asignó; pero por otro lado, ser legislador no debería estar emparentado (como sí lo está), a privilegios, prerrogativas y exorbitantes dietas que quintuplican el salario promedio del trabajador argentino.
Es imperativo que la política sea el espacio de participación y de dignificación de toda la sociedad y no la atribución exclusiva de quienes la detentan. Somos optimistas y de esta crisis debe nacer una oportunidad, que es la  de poder discutir nuevamente el sentido de la representación política. 
Quien ingresa con determinado nivel económico patrimonial debería cumplir su mandato con el mismo. Solo así, la sociedad mirará con seriedad a sus representantes, y depositará en ellos la confianza de que se está construyendo el bienestar colectivo, y no el individual, desterrando la tendencia al “que se vayan todos”,  “son todos iguales”,  “son la clase política”.
Frente a la incipiente gravitación del congreso nacional en la vida de los argentinos (30 años de democracia) cualquiera que propusiera eliminar dicho Congreso lograría un acompañamiento sorprendente, porque la cultura democrática está en su mínima expresión. La representación es la relación establecida entre los miembros de un grupo humano jurídicamente organizado “representado” con un órgano “representante”, en virtud de la cual, la voluntad de éste último se considera como expresión de la voluntad de aquellos.

Como diputado provincial percibo una dieta de aproximadamente $ 12.000  y gastos de funcionamiento por $ 10.700. Este último rubro es destinado en su totalidad a compensar asesoramiento imprescindible para la atención de diversos temas técnicos como salud, educación, economía y presupuesto, medioambiente, políticas sociales, justicia, legislación, etc. (No deberían ser sin rendición, ya que transparentarían todo el accionar legislativo).

La dieta del Legislador, y de la mayoría de los funcionarios pampeanos, está en función de una razón que consiste en tomar la categoría 1 de la Ley 643 de empleo público provincial y adicionarle un porcentaje. Es así que en nuestro caso como legisladores tenemos el mismo aumento que tienen el conjunto de quienes trabajan en el Estado. La pauta salarial es la misma para todos. Otro tema, a diferencia de los Legisladores nacionales, es que si bien tenemos salarios más altos que el promedio de los trabajadores no podemos optar por una prepaga y tenemos la misma prestación a través del SEMPRE, que utilizamos como muchos pampeanos y pampeanas. También en nuestro período como legisladores realizamos aportes a la caja provincial en proporción a los conceptos remunerativos de nuestra dieta.


Es imposible que ningún funcionario en La Pampa, con lo que cobra de dieta o sueldo, y si vive de él, pueda minimamente enriquecerse, lo decimos muy claro: ES IMPOSIBLE si se hacen las cosas bien.


La sociedad exige que el legislador intervenga en todos los asuntos de gobierno, y que esté presente en cada requerimiento de la vida de los pampeanos y pampeanas y eso conlleva un costo para viajar a cada localidad, (alojamiento, comida y muchas veces combustible),  la atención del despacho, de cada demanda social e individual, entre otras. Es una tarea enorme, para la que solo cuento con dos colaboradores rentados, un teléfono compartido con otros diputados,  y dos computadoras. Con esos recursos nos la ingeniamos para hacer frente a las  acciones  que percibimos contrarias a los intereses que defendemos, que forman parte de nuestra ideología en pos del bienestar común: una mayor equidad, igualdad y justicia, bregando por una mayor redistribución.


Es- y debería ser- importante, que la sociedad tome conocimiento de la dieta y los recursos con que cuenta un legislador ya sea provincial o nacional, que pueda pedirle “rendición de cuentas” sobre sus gastos, su actuación y representatividad,. Solo así, mediante la mirada crítica que cada ciudadano deposite sobre sus representantes, como sociedad podremos crecer, y evaluar a la hora de elegir para seguir construyendo una sociedad mejor, fundada en valores fundamentales para los seres humanos. Es saludable, también, que los legisladores tomemos conciencia del rol fundamental que desempeñamos en la sociedad que nos elige para representarlos, y en que debemos predicar con el ejemplo. La política sin ética, deja de ser política.