Ante la presentación del socialista Luis Solana, resta ver cuál es la reacción del bloque oficialista. Se verá si el Gobierno quiere ir a fondo en su planteo de “recuperación” del río Atuel.
El diputado socialista Luis Solana presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que el Gobierno Provincial se constituya como “amigo del Tribunal” (amicus curiae) en la acción de amparo ambiental que, por el caso del río Atuel, se tramita ante la Corte Suprema de Justicia.
El legislador, mediante esa iniciativa, propone que el Ejecutivo Provincial -se supone que en la persona del gobernador Oscar Mario Jorge- adjunte el estudio realizado por la Universidad Nacional de La Pampa para la cuantificación monetaria del daño causado a La Pampa por la carencia del caudal fluvioecológico.
La causa judicial se tramita en la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte. Es el expediente número 732/2010 y está caratulado con el nombre del abogado que hizo la presentación: “Palazzani, Miguel Ángel c/Mendoza, provincia de y otro s/ amparo ambiental”.
La figura
“Amicus curiae” son las presentaciones en las cuales terceros que no son parte de la disputa judicial, pero con un justificado interés en la resolución final del litigio, expresan sus argumentos con la finalidad de aportar a la decisión del asunto.
La figura
“Amicus curiae” son las presentaciones en las cuales terceros que no son parte de la disputa judicial, pero con un justificado interés en la resolución final del litigio, expresan sus argumentos con la finalidad de aportar a la decisión del asunto.
Se considera a partir de que “el ideal de la democracia” requiere que todas las personas que potencialmente se encuentran afectadas en las decisiones públicas tengan el derecho a participar en la deliberación mediante el ofrecimiento de argumentos públicos.
En esa línea, la Corte Suprema consideró al amicus curiae “como un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a permitir la participación ciudadana en la administración de justicia”.
El Tribunal considera “apropiado que, en las causas en trámite ante sus estrados y en que se ventilen asuntos de trascendencia institucional o que resulten de interés público”, sobre todo en “el marco de las controversias cuya resolución por esta Corte genere un interés que trascienda al de las partes y se proyecte sobre la comunidad o ciertos sectores o grupos de ella, a fin de resguardar el más amplio debate como garantía esencial del sistema republicano democrático”.
El proyecto de Solana recuerda también que el Procurador General de la Nación dictaminó favorablemente sobre la competencia originaria de la Corte en cuestiones que conciernen a la preservación, protección y recomposición de un recurso ambiental cuya afectación adquiere un carácter interjurisdiccional.
El diputado señala que la acción de amparo presentada por un pampeano, “que sin duda de fallar favorablemente redundará en beneficio de todos los habitantes de nuestra provincia”.
Añade: “Debemos tomar en cuenta que el trabajo que se indica para presentar, fue realizado por expertos de nuestra UNLPam y refrendado por el PEP, que lo asumió como propio y lo presento, como tal, en nuestra comunidad. Queda claro que, no estamos pidiendo que el Estado provincial realice una demanda contra Mendoza, ni que considere ésta solicitud como una estrategia que deba asumir como propia, pero no existe ninguna incompatibilidad entre nuestro pedido y las eventuales estrategias que desarrolle el gobierno, ya que todos convergen en objetivos similares, el conjunto de acciones deben ser potenciadas ya que se logrará una mayor eficacia en la defensa de los intereses provinciales”.
Única acción
“Es más que evidente que sólo el Estado o la Universidad, y no el ciudadano que promueve el Amparo, tienen los recursos suficientes para realizar un estudio de la magnitud del presentado. Presentarse como amigo del Tribunal no requiere ningún gasto para el Estado, simplemente realizará un aporte importantísimo a una estrategia que fue acompañada por la firma de decenas de habitantes del Oeste Pampeano”, destaca el proyecto.
Insiste en que si la solicitud se concreta “sólo podrá traer beneficios para La Pampa”, y no algún perjuicio.
“También, es necesario señalar que la presentación de este estudio puede ser utilizado en ésta y todas las estrategias que se requiera el mismo. No se agota el primer uso, por lo tanto creemos que debe ser ampliamente aprovechado”, remarca.
Dice también que “la señalada es la única acción de amparo vinculada a la recuperación de nuestros derechos sobre el Río Atuel. Es también una manera de valorar estas iniciativas individuales que no tienen otra motivación que defender desde el compromiso ciudadano, los intereses de todos los /as pampeanos /as; intereses que tal vez no hemos sabido defender institucionalmente o al menos, los esfuerzos fueron durante mas de medio siglo insuficientes”.
“Del seguimiento del Expediente vemos una inmovilidad del mismo, que podría ser modificada si es un Estado provincial quien solicita incorporar el mencionado estudio, utilizando este instrumento legal como el Amicus Curiae, sin duda que la aprobación de este proyecto, daría un impulso significativo para que se aborde y resuelva el amparo mencionado”.
Fuente: El Diario de La Pampa
Fuente: El Diario de La Pampa