El diputado provincial Luis Solana
(Frepam) pidió al municipio de Santa Rosa que no avance con el barrio
privado de Villa Pampa, que la Caja Forense quiere construir al este de
la ciudad sobre la ruta 5, y que llame a una audiencia pública para
escuchar todas las voces.
El legislador indicó: "Ante la insistencia en la realización de una
urbanización privada que han denominado Villa Pampa, considero que la
municipalidad no debe hacer lugar a este emprendimiento. Este producto
inmobiliario es una forma de organización social que aparece por la
retracción institucional del Estado. La reducción del espacio público
frente al privado, constituye asimismo un símbolo de fragmentación
social y observamos el creciente peligro y vulnerabilidad en el ambiente
urbano".
Para que sea posible el desarrollo de este barrio privado, es necesario aprobar una excepción, por parte del Concejo Deliberante, al Código Urbanístico que regula el uso del suelo en la ciudad. En ese sentido, Solana aseguró que "desde el Estado se debería promover el crecimiento de una ciudad armónica con espacios para todos sus habitantes. Por el contrario, la ausencia de éste potencia a las fuerzas del mercado que hacen crecer esta tendencia hacia las urbanizaciones privadas, hacia una ciudad de bunkers y guetos. No hay un vacío: o planifica el Estado o lo hace el Mercado. Por eso la Municipalidad de Santa Rosa no debería desconocer que su función no es representar intereses de sectores, sino hacer converger el interés de todos en un interés general".
Fragmentación social.
El diputado indicó que "este fenómeno tiene aceptación en grupos de población de altos recursos económicos y en consecuencia produce una transformación del espacio urbano contrario a toda normativa vigente. No creemos que sea esta la mejor fórmula para expandir el crecimiento de nuestra ciudad, violentando el interés general por un negocio inmobiliario".
"Para los socialistas -continuó- la solución no pasa por la construcción de barreras, sino por encontrar las vías de reconstitución de un lugar para todas las expresiones de la sociedad. El costo de no lograr una mayor inclusión, sino por el contrario una mayor fragmentación, se va a pagar, indefectiblemente, en moneda de calidad de vida ciudadana por parte de toda la sociedad y en un incremento de la inseguridad producto de la mayor brecha de desigualdad que se cristalizaría con este proyecto. En Santa Rosa ya tenemos muchas variables de fragmentación y como iconos de desigualdad encontramos: barrios ricos y pobres, clubes ricos y pobres, boliches ricos y pobres, colegios ricos y pobres. A esto se suma la inseguridad que supuestamente es un bien público".
"Pero además es un negocio inmobiliario que pretende desarrollarse sobre el acuífero que debe proveer de agua a sus habitantes. Algo contrario a nuestra Constitución Provincial que en su artículo 18 señala que todos los habitantes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el deber de preservarlo, y agrega en su segundo párrafo que es obligación del Estado y de toda la comunidad proteger el ambiente y los recursos naturales, promoviendo su utilización racional y el mejoramiento de la calidad de vida", dijo.
Ambito de discusión.
Solana indicó que el ámbito de discusión y convocatoria para debatir el proyecto debería ser el Plan Estratégico para Santa Rosa. "Deben concurrir a ese debate quienes proponen este 'estilo de vida' como la Caja Forense y sectores inmobiliarios, pero también deben ser convocadas las distintas expresiones de la ciudad como la Universidad Nacional de La Pampa que tiene profesionales que han trabajado en el tema, partidos políticos, ONG's, organizaciones de los trabajadores, especialistas, consejos profesionales, ciudadanos, etcétera", afirmó.
"Es hora de abrir el debate y de cerrar el lobby, es momento que empecemos a decidir los ciudadanos y no el negocio de pocos. De esta manera lograremos construir una ciudad más igual e inclusiva", resaltó.
Para que sea posible el desarrollo de este barrio privado, es necesario aprobar una excepción, por parte del Concejo Deliberante, al Código Urbanístico que regula el uso del suelo en la ciudad. En ese sentido, Solana aseguró que "desde el Estado se debería promover el crecimiento de una ciudad armónica con espacios para todos sus habitantes. Por el contrario, la ausencia de éste potencia a las fuerzas del mercado que hacen crecer esta tendencia hacia las urbanizaciones privadas, hacia una ciudad de bunkers y guetos. No hay un vacío: o planifica el Estado o lo hace el Mercado. Por eso la Municipalidad de Santa Rosa no debería desconocer que su función no es representar intereses de sectores, sino hacer converger el interés de todos en un interés general".
Fragmentación social.
El diputado indicó que "este fenómeno tiene aceptación en grupos de población de altos recursos económicos y en consecuencia produce una transformación del espacio urbano contrario a toda normativa vigente. No creemos que sea esta la mejor fórmula para expandir el crecimiento de nuestra ciudad, violentando el interés general por un negocio inmobiliario".
"Para los socialistas -continuó- la solución no pasa por la construcción de barreras, sino por encontrar las vías de reconstitución de un lugar para todas las expresiones de la sociedad. El costo de no lograr una mayor inclusión, sino por el contrario una mayor fragmentación, se va a pagar, indefectiblemente, en moneda de calidad de vida ciudadana por parte de toda la sociedad y en un incremento de la inseguridad producto de la mayor brecha de desigualdad que se cristalizaría con este proyecto. En Santa Rosa ya tenemos muchas variables de fragmentación y como iconos de desigualdad encontramos: barrios ricos y pobres, clubes ricos y pobres, boliches ricos y pobres, colegios ricos y pobres. A esto se suma la inseguridad que supuestamente es un bien público".
"Pero además es un negocio inmobiliario que pretende desarrollarse sobre el acuífero que debe proveer de agua a sus habitantes. Algo contrario a nuestra Constitución Provincial que en su artículo 18 señala que todos los habitantes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el deber de preservarlo, y agrega en su segundo párrafo que es obligación del Estado y de toda la comunidad proteger el ambiente y los recursos naturales, promoviendo su utilización racional y el mejoramiento de la calidad de vida", dijo.
Ambito de discusión.
Solana indicó que el ámbito de discusión y convocatoria para debatir el proyecto debería ser el Plan Estratégico para Santa Rosa. "Deben concurrir a ese debate quienes proponen este 'estilo de vida' como la Caja Forense y sectores inmobiliarios, pero también deben ser convocadas las distintas expresiones de la ciudad como la Universidad Nacional de La Pampa que tiene profesionales que han trabajado en el tema, partidos políticos, ONG's, organizaciones de los trabajadores, especialistas, consejos profesionales, ciudadanos, etcétera", afirmó.
"Es hora de abrir el debate y de cerrar el lobby, es momento que empecemos a decidir los ciudadanos y no el negocio de pocos. De esta manera lograremos construir una ciudad más igual e inclusiva", resaltó.