Una de sus funciones sería "ser la autoridad de aplicación de la Ley 1252 y modificatoria, debiendo recepcionar las declaraciones juradas de los funcionarios y agentes comprendidos en ella y proceder conforme a su normativa. A tal efecto el Tribunal de Cuentas remitirá a la FIA la totalidad de la documentación relativa a las declaraciones juradas que están en su poder".
El dato se conoce en momentos en que se cuestiona cómo los tres poderes del Estado siguen obstruyendo el acceso a las DDJJ. Hace diez años que la ley exige publicar estos formularios en Internet, pero el Poder Ejecutivo nunca estableció la operatividad de la firma digital. Mientras que en julio de 2013 la FIA envió a la Legislatura una propuesta con reformas de la ley solicitando modificaciones a la ley de DDJJ para su mejor control, que aún no fue tratada. En tanto, en la Justicia nunca se cumplió con esta normativa.
El PJ no quiere.
Ahora se puede confirmar otra traba a un proyecto para lograr mayor transparencia y control de la administración de la cosa pública. En junio de 2012 el diputado Solana presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial por el que se crea la Dirección General de Transparencia del Estado en el ámbito de la FIA. De esta manera, se pretende ampliar las atribuciones de ese organismo para controlar a los diferentes poderes.
Sin embargo, la iniciativa nunca fue debatida por la comisión de Legislación General. Su presidenta, la vernista Carmen Bertone, desistió de su tratamiento al menos en cuatro oportunidades el año pasado cuando se reunió ese cuerpo y el diputado del Frepam reclamó que fuera considerado. El último caso fue noviembre. En ese momento, el marinista Mariano Fernández pidió que fuera llamado el titular de la FIA, Juan Carlos Carola, para que diera su opinión sobre el proyecto. Pero nuevamente Bertone decidió postergar cualquier discusión para este año.
Fundamentos.
La iniciativa indica en sus fundamentos que el área a crearse en la FIA "se propone la prevención en la comisión de delitos que afecten al patrimonio público convencidos de que los incrementos de la transparencia mejoran el desempeño del Estado, aumentando la eficacia y la eficiencia de las prestaciones públicas".
"Para garantizar la efectividad del órgano creado, es necesario dotarlo de plena independencia ubicándolo dentro de la estructura de la FIA dando cumplimiento a recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción", explicó.
Solana remarcó que "intentamos con este proyecto ponernos delante de los hechos advirtiendo sobre los mecanismos que generan espacios para las prácticas poco transparentes que suelen dar lugar a la corrupción".
La ley tiene como fundamentos la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Nuestro país adhirió a dicho instrumento mediante la Ley 26097. La misma convención plantea en el preámbulo su preocupación "por los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos Estados".