“Las declaraciones implican una gravedad institucional inusitada, con envergadura social y política, de poca frecuencia en nuestro medio, más aun cuando se trata de posible connivencia del poder político con el narcotráfico, ya que sin ecuanimidad IZAGUIRRE expresó: ‘En el tiempo que estuve en el Ministerio de Seguridad, me llovían denuncias de lugares adonde se vendía droga, pero yo no podía hacer nada. En el Plan 5000, por ejemplo. Y me di cuenta cuáles eran las intenciones de Juan Carlos TIERNO cuando habló en la Cámara de Diputados: que no iba a perseguir a los vendedores. Eso está en la versión taquigráfica. La intención es clara, no combatir la venta de drogas en La Pampa. Yo noté que había un deseo de no actuar sobre la venta minorista en las ciudades. También vi que la bajada de la Sedronar, no tenía lugar. Hubo un acuerdo firmado entre MORO y VERNA Que nunca se llevó a cabo’”, se lee en la denuncia.
“Además parece conocer con exactitud nombres y movimientos del mercado ilegal de las drogas en nuestra Provincia cuando afirma, en otro fragmento de sus declaraciones, tener conocimiento que ‘En General Pico, en General Acha y Santa Rosa todos saben quiénes son los que venden droga y es muy sencillo frenarlos. En la calle México, en Santa Rosa, a la 1 de la mañana uno sabe quién está vendiendo’”, añade.
Solana señala que cuando se le pregunta a Izaguirre “si piensa que hay connivencia, contesto con una rotunda afirmación, a pesar de aclarar que no podía dar una razón concreta, aunque llego a expresar que ‘si en 6 meses no se pudo detener a los 40 vendedores de droga minorista que señaló el Ministro en Diputados, hay un problema. Y no hablo de adictos que venden para consumir sino de personas que hacen de la venta una actividad diaria. Es gente que todo el mundo conoce. Es muy lindo cerrar un maxikiosco que vende alcohol, pero con la droga nadie se mete”. ”Sí en Villa Germinal se vende droga a cara descubierta es muy fácil llegar’”.
Recordó que el ex funcionario dijo que hace varios años la DEA (Drug Enforcement Administration) le dio a la Argentina un programa para identificar mediante imágenes satelitales campos de marihuana y que desde la asunción del nuevo gobierno ‘el software se utilizó para identificar plantaciones de cannabis sativa y reveló que en La Pampa hay once predios donde se produce marihuana’, como así también que en la provincia ‘hay 60 pistas de aterrizaje por donde entran drogas, armas y todo lo que quieran entrar. Nación las tiene identificados y el Gobierno Provincial lo sabe’”.
Con esos argumentos le pidió a la fiscala Adriana Zapico que realice una investigación para establecer si sugiriendo “se cuenta con información específica sobre personas, lugares y demás detalles para la acreditación de diferentes delitos a cargo de personas particulares, pero con la pasividad, connivencia y hasta complicidad de funcionarios públicos, que trasuntan la competencia penal federal (en el caso de los delitos que implican venta de estupefacientes, por ejemplo), la competencia penal ordinaria (en el caso de pasividad para investigar y sancionar a quienes venden drogas, delitos concernientes al incumplimiento de deberes a cargo de los diferentes funcionarios públicos con competencia para ello; y en el caso de las connivencias referidas, por ejemplo por delitos de cohecho y tráfico de influencias que parecen subyacer en el relato del funcionario renunciante, y/o hasta la posibilidad de una asociación ilícita), pero también entendemos que las acusaciones, de particularizarse, pueden generar responsabilidad administrativa, y por todo ello es que solicitamos a vuestra Fiscalía, que se sirva cumplir con el principio de oficiosidad y proceda a instar de oficio la acción penal/administrativa a su cargo e inicie una investigación integral y completa sobre lo referido por el señor IZAGUIRRE, para despejar dudas a los pampeanos sobre la actuación del gobierno, procediendo a la inmediata citación del nombrado a fin de que ponga a su disposición toda la información con que cuenta”.
fuente: Plan B
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