El diputado Luis Solana se presentó ayer ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de la provincia donde radicó una denuncia que apunta contra los médicos del hospital Gobernador Centeno y el Ministerio de Salud de la provincia.
Los responsabiliza por no haber garantizado la práctica de un aborto en el centro de salud piquense a una niña que había sido violada.
La pequeña debió ser derivada al hospital Lucio Molas, donde finalmente se realizó la intervención, tal como establece el "Protocolo hospitalario para la atención y asistencia sanitaria integral de las prácticas de aborto no punible".
"Consideramos que se está contradiciendo el fallo de la Corte Suprema, primero porque pone límites a las derivaciones en estos casos, y segundo, porque el servicio se debe garantizar en forma permanente, algo que no se garantizó en el hospital Centeno", sostuvo el diputado.
¿Conciencia o derechos?
Solana dialogó con Radio Noticias 99.5 cuando se encontraba en las oficinas de la FIA tramitando la denuncia.
"El protocolo que tenemos en La Pampa, obliga al Ministerio de Salud, por una resolución ministerial de mayo de 2012, a establecer el servicio en todos los hospitales de nivel 4 o superior. En este sentido tenemos un caso concreto. La niña llegó con una orden de la fiscalía de General Pico y los nueve médicos que se escudan en este protocolo, se negaron a asistirla", recordó.
El protocolo prevé que aquellos profesionales que por cuestiones morales se nieguen a realizar prácticas abortivas, puedan declararse objetores de conciencia. "Por supuesto que, en algún momento, también vamos a querer debatir si esta denominada 'objeción de conciencia' puede estar por encima del derecho a la salud", anticipó.
Ante una consulta posterior de LA ARENA, el legislador anticipó que trabaja en un proyecto de ley para limitar la posibilidad de los profesionales a negarse a cumplir con un derecho que asiste a las víctimas. A su vez, aseguró que el protocolo pampeano es uno de los más restrictivos del país, ya que pone cláusulas que en la práctica terminan obstruyendo los abortos no punibles.
Todos objetores.
En el escrito, el legislador recordó que en el hospital Centeno, todos los médicos son objetores de conciencia y que en el hospital Molas de esta capital solo hay un profesional que no lo es. En ese sentido, se preguntó cómo hubiera garantizado Salud Pública la práctica si el único médico dispuesto a realizarla no hubiera podido asistir a su trabajo, por ejemplo, por encontrarse de vacaciones.
Solana asistió a la FIA acompañado por la abogada Alicia Corral. "Existiendo la necesidad de aplicación del protocolo no se hizo. Puntualmente ese es el hecho que se denuncia", dijo la letrada. A la vez, recalcó que el Estado debe estar en consonancia con lo que dictaminó la Corte Suprema respecto a los abortos no punibles.
En el texto de la demanda se cita el fallo de la CSJN en el cual explicita que "se debe evitar que las decisiones del personal sanitario se traduzcan en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio". Y añade otro párrafo: "...toda institución que atienda las situaciones aquí examinadas cuente con recursos humanos suficientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio de los derechos que la ley le confiere a las víctimas de violencia sexual".
Manifestación en el Congreso
Integrantes del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito participarán de la manifestación, en reclamo por la despenalización y legalización del aborto, que se llevará a cabo esta tarde -desde las 16- frente al Congreso de la Nación. Es que hoy comenzará en la Comisión de Legislación Penal, el tratamiento del "Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo" que contiene las firmas de 69 diputadas y diputados nacionales de todos los bloques legislativos.
En ese sentido, desde el foro señalaron que "durante el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, más de treinta mil mujeres de todo el país exigieron la sanción de una ley que garantice el derecho al aborto seguro y gratuito. El silencio y la inacción del Congreso Nacional frente a los más de 1.200 abortos diarios que se realizan en la clandestinidad, constituye una enorme deuda de la democracia con las mujeres y un grave problema de salud pública".
Por otro lado, cuestionaron el accionar de los médicos del Hospital "Gobernador Centeno" de General Pico que, amparados en la objeción de conciencia, se niegan a realizar abortos no punibles.