"El 28 de diciembre pasado nos apersonamos al Hospital Lucio Molas y realizamos un minucioso relevamiento del deterioro físico y ambiental. Ante la ausencia de artefactos de ventilación y de equipos de aire acondicionado en los servicios de clínica médica y clínica quirúrgica, el 31 de diciembre volvimos para ampliar nuestro diagnóstico y agregamos a las condiciones del ambiente, el evidente deterioro de los baños, las duchas, las ventanas, persianas y mosquiteros rotos, paredes con humedad, cielos rasos manchados, habitaciones clausuradas, falta de agua caliente, una sola habitación para que se duchen de todos los internados y encima utilizada de depósito", expresaron.
Berhongaray y Solana destacaron que el resultado de las pericias realizadas por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas fue "contundente". "No solo confirmó todo lo denunciado, sino que detectó otras adicionales como por ejemplo: falta de potencia eléctrica, que en su defensa dijeron tramitar, pero la cooperativa negó que haya una solicitud en tal sentido, los tableros eléctricos, varios en cada pasillo del hospital están sin conexión a tierra, no garantizan mínimos de seguridad. Inodoros, lavatorios, Bidet, muros con grietas y humedad", remarcaron.
Los diputados provinciales también acusaron al gobierno de Jorge por el importante número de empleados precarizados en el área de Salud. "Parece insólito que desde el Estado Provincial, que debe ser el primero en combatir el trabajo en negro, se siga apostando a la precarización de cientos de trabajadores en el área de la Salud Pública. Así lo reconoció el propio ministro de Salud cuando nos visitó en la Cámara de Diputados con motivo del debate del presupuesto. Afirmó que el 10 % de los trabajadores de la salud revisten en condición de contratados en virtud del art. 6 de la ley 1279. Les aseguramos que ese porcentaje es aún mayor, Realicó tiene el 40% de su personal. Lo dijo sin ponerse colorado, como si fuese normal contratar bajo esa modalidad que debiera ser excepcional y transitoria, durar unos pocos meses, y en muchos casos estos trabajadores llevan años en esa condición", explicaron.
Berhongaray y Solana propusieron corregir esta injusticia modificando el art. 6 de la Ley 1279 de modo de establecer un límite a las sucesivas prórrogas contractuales que no podrán superar los 18 meses. Es decir, si deciden extender los contratos, cumplidos los 18 meses, deberán crearse las vacantes para incorporar a los agentes a planta, si correspondiere.
También propusieron que a los contratados bajo la modalidad del art. 6 se les compute el tiempo trabajado a los efectos previsionales y de la antigüedad.
Además criticaron el ministro González por el "deficiente servicio de salud" en Rancul y otras localidades. "Para el ministro González que nos acusó de hacer política con el dolor de una familia, nosotros le reprochamos no aplicar políticas de salud y así generar el dolor y el lamento de muchas familias pampeanas. Si piensa que vamos a mirar para el costado mientras esconde la realidad se va a equivocar. Nos hizo esta ligera e infundada acusación cuando solicitamos ante la FIA que investigue las oscuras circunstancias en que se produjo el deceso del joven Avalos, oriundo de la localidad de Rancul", dijeron en un comunicado.
Los legisladores del Frepam coincidieron con la FIA en asignar la responsabilidad al ministro González de garantizar la salud como un derecho humano fundamental y un objetivo social prioritario.
"Conocemos la provincia, hemos recorrido innumerables centros de salud, tenemos un diagnóstico y lo seguiremos ampliando, hemos elegido el camino de la propuesta que se ha visto permanentemente frustrado debido a la imposibilidad de discutir la Salud como política de Estado en el ámbito de la Cámara", expresaron.
"Estamos hablando de un servicio básico del Estado y vital para los ciudadanos, estamos hablando de la vida de las personas que no son cuidadas y muchas veces quedan al borde de no ser atendidas y hasta de la muerte. Aunque duela. Hay que cambiar las políticas, y sobre todo a quienes son deficientes para aplicarlas. No se puede persistir en un rumbo cuando es evidente que no es el correcto. Las denuncias permanentes en la FIA y los reclamos de los trabajadores y pacientes así lo indican. Urge la necesidad de una amplia convocatoria a todos los sectores, profesionales, sindicales, políticos y organizaciones de la sociedad civil, con participación de las localidades del interior a buscar un gran consenso en una Ley que plasme un plan integral de Salud Pública", concluyeron en el texto.