El legislador criticó al gobernador por permitir que una mujer embarazada que solicitó un aborto terapéutico, debido a distintas complicaciones, en un hospital de General Pico, deba recurrir primero a una abogada para llevar adelante la intervención.
El diputado Luis Solana (Frepam) aseguró ayer que el gobierno provincial "no respeta los derechos de las mujeres", en referencia al caso de una joven que con cuatro meses de gestación solicitó un aborto terapéutico, debido a las complicaciones de su embarazo, y que necesitó la mediación de una abogada para realizarse la intervención, ya que en el hospital de General Pico no le daban una respuesta.
"El gobernador Jorge no tiene apego a respetar los derechos de los pampeanos, y eso lo vemos en todos los ámbitos del Estado pero ahora llegamos a un nivel más avanzado de degradación y es justamente con el derecho de las mujeres que tienen un fallo de la Corte que no deja mínima duda de que la práctica de abortos no punibles no se encuentra supeditada a la cumplimentación de ningún trámite judicial", señaló.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) emitió un fallo en el que aclaró las dudas y la discusión en torno al artículo 86 del Código Penal Argentino, que dice que el aborto "no es punible cuando se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios". Ante esto, es evidente que no es necesaria una autorización judicial para llevarse a cabo un aborto terapéutico.
Curiosamente, la mujer piquense -que fue intervenida- en un principio no fue asesorada correctamente sobre sus derechos ni en el hospital "Gobernador Centeno" ni en la Defensoría Civil a la que fue remitida. Según la abogada Cecilia Ruffini, la joven tenía un diagnóstico confirmado mediante el cual se determinó la condición del feto y por lo tanto, se trataba de un embarazo de riesgo que iba a culminar posiblemente antes de los nueve meses y el bebé no iba permanecer con vida.
Inconstitucional.
Sin embargo, ante el pedido para realizarse un aborto, en el Servicio de Ginecología se limitaron a decirle a la mujer que había que esperar, y fue enviada a la Defensoría donde tampoco apoyaron su pedido de aborto e incluso le dijeron que era "ilegal". Luego, ella recurrió a Ruffini para asesorarse legalmente, presentó una carta en la Dirección del hospital y a las pocas horas se le practicó el aborto terapéutico.
"Requerir la intervención de la Defensoría Civil es interponer una barrera que dificulta arbitrariamente el acceso a la salud y resulta inconstitucional. Tanto el sistema de salud cuando la pide, como el juez que responde la solicitud están violando el derecho a la salud de las mujeres. Decidir la no punibilidad del aborto terapéutico es responsabilidad médica", indicó el diputado Solana.
El legislador, por otro lado, señaló que agregar una serie de exigencias, tanto por parte del Ejecutivo, a través del área de Ginecología del hospital de General Pico como del ámbito de la Justicia (Defensoría Civil, donde le dijeron a la joven que la práctica del aborto en su caso era "ilegal"), implica violar el sistema republicano de división de poderes, ya que "los cambio en la normativa corresponden al Poder Legislativo".
Por último, el diputado socialista dijo que esta cuestión no debe ser incluida en una disputa política, porque "hay que respetar el pensamiento de todos, inclusive el religioso. Lo que no se puede perdonar es la muerte de mujeres".