Solana se dirige en la iniciativa al Poder Ejecutivo provincial para
que “considere la factibilidad financiera, técnica y pedagógica" de
crear, a través del Ministerio de Cultura y Educación, el 4º, 5º y 6º
año del Ciclo Orientado del Colegio Secundario Ruralizado en la Escuela
127 de la Localidad de Colonia Chica.
“En el sudoeste provincial -indicó el diputado- un numeroso grupo de
padres, vecinos y puesteros se reúnen frecuentemente en la Escuela de
Colonia Chica y reclaman para que a los jóvenes en edad escolar de la
zona se les concrete y garantice su derecho a una educación secundaria.
Los vecinos ven con preocupación la falta del ciclo orientado de 4º, 5º y
6º año del secundario que sería bajo la modalidad itinerante”.
“Actualmente, los estudiantes que cursan esos años están
obligados a recorrer hasta 150 kilómetros diarios de ida y
vuelta a sus hogares hasta los colegios de 25 de Mayo. Esto provoca el
desarraigo de los jóvenes y los aleja de sus hogares, creando un enorme
problema para los que quieren continuar sus tareas productivas en
chacras y puestos de la zona. Así se ven afectados unos treinta
jóvenes, ya que varios de ellos tuvieron que dejar de cursar
sus estudios y quieren terminarlos en su lugar de origen”, explicó el
legislador.
Solana comentó que con este proyecto se pretende evitar el
éxodo de jóvenes de esa zona a localidades. “Los padres y los
jóvenes que participaron, indicaron que la mayoría no asiste a la
localidad veinticiqueña por sus tareas en las chacras y así mismo
afirmaron que quienes van a estudiar ya no vuelven”, indicó.
“No podemos dejar de mencionar que la Ley 2511 en su artículo 17
señala la obligatoriedad escolar que se extiende desde la edad de 5 años
hasta la finalización del nivel de educación secundaria. Con esto no
solo estamos exigiendo que se cumplan cabalmente las leyes que nos dan
derechos, sino también que se encuentren razones políticas, sociales,
económicas, demográficas y sobre todo, una concepción de igualdad de
oportunidades y posibilidades porque la educación es un
derecho personal y social inalienable que debe ser garantizado por el
Estado para todas las personas”, reclamó.