La novedad la dio a conocer el diputado Luis Solana, quien presentó
la iniciativa en la Cámara de Diputados de la provincia. “Hay
una deuda que no podremos compensar, es la deuda moral", dijo.
El diputado socialista Luis Solana realizó una recorrida por
Victorica, 25 de Mayo, General Acha y General Pico en el marco de la
campaña para reunir firmas para apoyar el proyecto de ley para que los
ex planes de empleo estatales puedan jubilarse en tiempo y forma.
En Victorica, donde estuvo la semana pasada, el legislador se reunió
en la Municipalidad con más de cien vecinos y vecinas que forman parte
de los programas de planes de empleos estatales. La reunión se llevó a
cabo en el salón municipal. Solana les acercó su proyecto de ley y dejó
planillas para la junta de firmas de todos aquellos trabajadores del
Estado provincial que fueron ex planes de empleo.
Pretende reunir el apoyo al proyecto de jubilación para los que están
en esa condición.
La iniciativa de Solana permitiría que puedan jubilarse los
trabajadores de la administración pública de La Pampa que ingresaron a
trabajar en los años noventa y hasta 2007 mediante el régimen de planes
de empleo transitorios, en el cual el Estado no realizaba los aportes
previsionales, no contaban con obra social, no tenían seguro de salud ni
vacaciones. Lo que reclama Solana es que el Gobierno Provincial realice
los aportes para que puedan acceder a la jubilación estos trabajadores,
ya que en muchos casos, y de no aprobarse dicho proyecto, deberán
trabajar varios años más luego de haber cumplido la edad jubilatoria.
Solana se refirió a los presentes señalando que “más de 4.000
explanes trabajaron de manera precaria durante toda la vida y mientras
el Estado debía darles garantías y asegurar el cumplimiento de sus
derechos, fue quien impulsó esta modalidad de contratación en negro”. Y
agregó: “Los explanes, junto con quienes se jubilaron entre el ‘96 y el
2007 y con las mujeres que integran el Plan Madres, forman un sujeto
social que fabricó el justicialismo pampeano que podríamos denominar
‘los que tienen derechos de segunda’, fueron discriminados y
empobrecidos y creemos que son acreedores de una compensación, por eso
es que solicitamos se restituyan los aportes patronales de aquellos años
que trabajaron en un pie de igualdad con todos los demás”.
Además, dijo: “Hay una deuda que no podremos compensar, es la deuda
moral, si tenemos en cuenta que todos estos trabajadores deberían
exigirse al máximo para hacer mérito suficiente para que les renueven el
contrato precario cada mes, debían trabajar más horas, no podían
accidentarse ni enfermarse ni salir de vacaciones, cobraban bastante
menos que sus pares, a pesar de que sostenían muchas áreas del Estado”.
El diputado socialista indicó que la falta de información impide
conocer a ciencia cierta la cantidad de trabajadores que fueron
contratados precariamente desde el año 1993, aunque se estima en 4.000
personas.