Inicialmente, el legislador dialogó con la prensa y aseguró que su propuesta fue presentada la semana pasada en la Cámara de Diputados y que hoy ingresaría a la comisión correspondiente para comenzar a ser tratado. En cuanto al desarrollo de la asamblea puntualizó que "hemos estado manteniendo encuentros con el conjunto de trabajadores que incluye este proyecto, viajando a varias localidades y también en distintos centros de salud de la ciudad.
La idea es generar determinada efervescencia en ellos, la conciencia de la importancia para que el proyecto sea tratado e incorporado en la agenda de los gremios, incluso la Mesa Intersindical, que permita presionar para restituir un derecho que fue negado a los trabajadores en sus aportes patronales", reconoció Solana. Manifestó que la cantidad de trabajadores afectados por esta situación ronda los 4.000.
Conflicto.
El proyecto pretende resarcir a ese número de empleados de la salud pública, que según indicó el diputado, "se desempeñaron en pie de igualdad del resto de los trabajadores, pero lo hicieron con un estatuto que les cubría el aporte, la obra social. Los primeros trabajaron sin ese conjunto de derechos: el aporte jubilatorio, la obra social, el salario y la antigüedad".
En su descripción, agregó que "cuando se pagaban los salarios, desde el año 1993 al 2007, muchos trabajadores no cobraban la parte del mismo que tenía que ver con el depósito para la obra social, el de la jubilación, el seguro obligatorio, la antigüedad y la falta de vacaciones, sino que el Estado lo apropiaba y no los hacía". Reconoció que lo que nunca se compensará a esos empleados es "el daño moral, porque eran los planes lo que hacían colas de más de tres horas para cobrar, eran los que no podían irse de vacaciones y eran despedidos por justa causa".
Por estos motivos, indicó, "es urgente la restitución del aporte jubilatorio y que la gente que está en situación de retirarse lo pueda hacer".
Montos.
En cuanto a los costos que implicaría el resarcimiento a estos trabajadores, el legislador informó que según su estimación "ronda los cien millones de pesos". Aunque el proyecto presentado previó el desembolso en cuotas, para alivianar la presión.
"Proponemos que el Estado aporte 20 millones en cinco cuotas anuales que se incorporen en las partidas presupuestarias. La provincia retrae recursos de sus ciudadanos por 8.100 millones de pesos; nosotros decimos que con 20 (millones de pesos) restituimos los derechos de una gran porción de los afectados".
Solana remarcó que "de las 4.000 personas que trabajaron en empleos transitorios, una tanda se jubila este año, otra en próximo y así lo harán en los próximos 15 años. Nuestra idea es que el Instituto de Seguridad Social debería recibir los aportes del Estado en un plazo de cinco años para la jubilación de esos trabajadores", finalizó.
Reconocimiento de antigüedad
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Salud Pública (Sitrasap), el referente Carlos Ortellado avaló y celebró la propuesta del diputado Solana. Aseguró que "la iniciativa hace al reconocimiento de la antigüedad de los distintos planes que ha tenido la provincia con el recurso de estos últimos años, antes de ser nombrados".
Explicó que "la provincia, en su momento y producto de la crisis, tuvo muchos trabajadores irregulares que no tuvieron los aportes necesarios a su jubilación, todos esos años que en muchos casos suman más de diez no se le reconocen y eso atenta contra su retiro, porque pierden ese tiempo y les va a alargar la vida laboral".
Incluso el gremialista especuló que calculando esta falta de aportes, "tenemos una compañera que deberá jubilarse a los 80 años". Por eso, continuó, "el proyecto pretende un acto de justicia, que el Estado asuma la responsabilidad: los trabajadores no somos culpables de las políticas que se elaboran en nuestra contra y pretendemos que el mismo gobierno se haga cargo de salvar esta deuda, haga el aporte necesario para que los compañeros regularicen su situación en cuanto a su antigüedad y a partir de allí, tengan la jubilación en tiempo y forma".
En el caso de salud, esos empleados que trabajaron bajo la modalidad de plan, en muchos casos sostuvieron las postas y los servicios en esa situación irregular en cuanto a su contratación, pero no en cuanto al servicio brindado porque trabajaban a nuestra par y llenaban muchos huecos en el área".
También mencionó el monto necesario para tal resarcimiento; "al estado provincial le significan 120 millones de pesos, que lo puede hacer en cinco años; o sea que pueden ser 25 millones de pesos al año y sabemos que ese monto en un presupuesto no es significativo".
Finalmente, reparó en que es necesario "conseguir la decisión política de que esto se lleve a cabo, y para eso vamos a tratar que todos nos movilicemos para que tome forma y se haga realidad", declaró el gremialista.