PARA DARLE MAYOR INDEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO Y QUE TENGA MAYOR EFICIENCIA
El diputado provincial Luis Solana (PS) presentó un proyecto de ley para
que la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa se convierta en un organismo
independiente del Poder Ejecutivo para cumplir con sus tareas con mayor
autonomía y eficiencia.
En el proyecto de ley, presentado en consonancia con la Semana de la
Memoria, Solana pide que se cree “dentro del ámbito de la Cámara de Diputados
de la Provincia de la Pampa, la
Defensoría Provincial de Derechos Humanos de La Pampa como persona de derecho
público”. De esta manera, se sustituirá la Secretaría por una Defensoría para
que no quede bajo la órbita del gobierno provincial, lo que hoy, según el
diputado, le quita atribuciones e independencia para actuar en denuncias por
violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y también eficiencia en
sus propósitos.
De acuerdo a la iniciativa, la Defensoría tendrá autonomía funcional, “lo
que significa que no podrá recibir directivas de ninguna autoridad existente
respecto a las funciones que se le asignan”. Constará de un defensor general, un defensor adjunto, un secretario Legal y
Técnico, y el personal que la Cámara de Diputados asigne para el cumplimiento
efectivo de los objetivos de esta Ley. El defensor general y el adjunto serán
designados de conformidad al procedimiento establecido en la provincia para la
designación de los jueces.
Atribuciones
La Defensoría deberá intervenir “en materia de Derechos Humanos, su
promoción y reafirmación en la sociedad y en los poderes públicos”, “formular
políticas, proyectar normas y ejecutar programas que garanticen la igualdad de
oportunidades y la no discriminación de grupos o personas”, “recepcionar y
tramitar las denuncias sobre violaciones a derechos humanos, requiriendo los
informes del caso a quien corresponda, dando intervención al Ministerio Público
o al Poder Judicial, cuando ello sea procedente, y formular las denuncias
pertinentes; debiendo actuar como querellante”, y “coordinar con autoridades de
los otros poderes y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales las
acciones que tiendan a capacitar, promover, y difundir los derechos humanos,
especialmente en los distintos niveles del ámbito educativo”, entre otros.
Deberá actuar de oficio ante cualquier información o denuncia pública
relacionada a la Violación de los Derechos Humanos. Además podrá “crear de un
Banco de Datos respecto de hechos y/o personas y/o instituciones que estén
relacionados con situaciones que constituyan violaciones a los Derechos Humanos
y actualizar permanentemente dicha base de datos” y “tendrá acceso a los archivos históricos de la represión
ilegal en la provincia, para su análisis, procesamiento, y difusión. Asimismo,
tendrá acceso a toda la información pública que
requiera”.
Fundamentos
Solana, en los fundamentos del proyecto, consideró que “uno de los más
serios problemas para alcanzar políticas de seguridad eficientes es que el
cumplimiento de la ley, la transparencia en la información y la rendición de
cuentas son considerados obstáculos para el desarrollo de esas políticas,
generando un círculo vicioso de creciente violencia social. A lo largo de los últimos
años han aumentado las voces que alientan la aplicación de ‘mano dura’”. Esto
ha generado altos niveles de desconfianza entre la sociedad civil, poniéndose
en duda el accionar de las mismas.
“Es por eso, que consideramos que es poco positivo que el organismo
encargado de velar por los derechos humanos de los habitantes en su conjunto,
dependa y sea ejercido por una dependencia del Poder Ejecutivo Provincial. Los
propósitos de la Secretaría de Derechos Humanos de nuestra provincia pueden
verse frustrados por ser juez y parte,
ya que el mismo Secretario deberá investigar los abusos que en muchas ocasiones provienen de alguna
institución del Estado, y a su vez, su designación, estabilidad en el cargo y
presupuesto dependen del mismo Poder Ejecutivo”, afirma.
Solana se preguntó: “¿en cuántas de las últimas circunstancias en que
se vulneraron o se presume que se vulneraron los derechos humanos y que se han
hecho públicos, ha intervenido la Secretaría de Derechos Humanos? (Casos Carla
Figueroa, Sofía Viale, Canale por mencionar ejemplos)”.
Por eso propuso “la creación de una figura distinta, con autonomía en
sus decisiones, que rescate los principios de memoria, verdad y justicia, pero
que además, bregue y ejerza poder de control sobre la violación a los derechos
humanos que vayan surgiendo en distintos momentos históricos y que tengan en
cada uno de ellos, plena vigencia, que garanticen los derechos humanos en la
sociedad civil del presente y del futuro”.