El proyecto prevé la creación de una Dirección General de Control,
Seguimiento, Asistencia y Reinserción Social de persona en conflicto con
la ley penal. Ingresará el lunes a la Cámara de Diputados y deberá ser
tratado por los legisladores.
Solanas explicó que en la actualidad, esa función la cumple el
Patronato de Liberados, que es una organización civil que funciona a
través de subsidios estatales.
En La Pampa cuenta con 5 empleados para atender a 1280 personas y
solo tiene sede en Santa Rosa. Funciona con un subsidio de 50 mil pesos
anuales.
Hasta el año pasado también funcionaba en General Pico, pero el
Ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia recortó el subsidio y debió
cerrarse en el año 2010.
En la práctica y más allá de buenas voluntades, no cumple la función para la que había sido creada en la década del ‘70.
“El último tramo de la cuestión penal que no se tiene en cuenta, hace fallar a todo el sistema”, dijo el diputado.
La propuesta de Solana
Ante la situación actual, propone crear un nuevo organismo que
dependa del estado provincial, con el presupuesto acorde y la cantidad
de personal necesario.
El proyecto estipula un empleado cada 50 personas bajo control. En
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay uno por cada 28 tutelados.
Tendría una estructura de entre 60 y 70 empleados, un director
general que ingrese por concurso y tenga conocimientos en criminología,
sociología y asistencia social.
Lo acompañarían equipos técnicos integrados por asistentes sociales,
médicos, psiquiatras, psicólogos y abogados, y con operadores
terapéuticos y operadores barriales.
Además, se propone delegaciones en cada ciudad donde hay una
circunscripción judicial y en todas las localidades que la Dirección
estime conveniente.
La respuesta del gobierno ante la inseguridad
Solanas remarcó que ante los problemas de inseguridad, desde el
gobierno provincial se respondió con la receta de la derecha, es decir
nombrando más policías y aumentando las penas.
En La Pampa, hace 10 años había un policía cada 150 habitantes, hoy
hay uno cada 130 pero el delito se ha triplicado”, dijo el diputado.
Según estadísticas del Poder Judicial, 8 de cada 10 delitos son cometidos por reincidentes y condenados en suspenso.
“Si hiciéramos el control, el seguimiento, la asistencia material, la
reinserción… ese índice bajaría muchísimo. La Justicia es selectiva y
quienes hacen ese circuito delictivo tienen entorno vulnerable, de
marginalidad, de pobreza y cada vez que salen, lo hacen peor de lo que
ingresaron en cuanto a sus condiciones sociales, y sumado a la
marginación que le hace la sociedad, se retroalimenta el sistema con las
mismas personas”, sostuvo.
Una alternativa humana y justa
Desde su bloque, se responde al problema con un proyecto “atiende a
una necesidad urgente de la sociedad que es la de vivir en seguridad, y
que la atiende desde el enfoque de los Derechos Humanos y de asumir
desde el estado la funciones indelegables como las de la seguridad y la
justicia.”
Pero no solo desde el punto de vista humano el proyecto es
preferible, sino hasta también desde el económico ya que evitaría
inversiones fuertes en trabajadores de la justicia, de la policía, de la
salud que cumplen funciones relacionadas a la detección y sanción del
delito, cuyos protagonistas a los tres días de ser liberados vuelven a
cometer ilicitos.
“El delito crece en cantidad y en violencia y esto es lo que hay que
frenar. No se está atajando la causa y este proyecto atiende a las
causas. El gobierno provincial es el responsable de la cantidad de
delitos que se cometen, porque está desfinanciando la última etapa del
sistema, lo que hace inútil a todo el sistema”, dijo.
Fuente: InfoPico