La propuesta de los legisladores apunta a definir como “excesiva, abusiva y desproporcionada toda tasa que se aplique por las entidades financieras atípicas, casas de préstamo o prestamistas, o entidades afines, que exceda el que establece el Banco de La Pampa para operaciones de préstamos personales, con más del 15%, la cual se considera como Costo Financiero Total (CFT), expresado como tasa efectiva anual”. Esta incluye “el concepto de interés o renta financiera, de cualquier tipo (compensatorios, resarcitorios, punitorios, etc.) y los gastos administrativos, cargos, impuestos y erogaciones por todo concepto”. “Esa tasa efectiva anual que incluye cualquier costo “no es susceptible de entenderse como capitalizable, lo cual implica anatocismo”, advirtieron los legisladores.
Los diputados indicaron que “ninguna persona física o jurídica, puede cobrar en la Provincia de La Pampa, por el servicio de préstamos de dinero, una tasa mayor que la indicada”, denominada Costo Financiero Total. “Cualquier exceso será considerado usura”, definieron los legisladores. Para ello el Banco de La Pampa dará amplia difusión a los cambios que sufra el Costo Financiero Total (CFT) para préstamos personales de libre disponibilidad”.
Además las financieras deberán cumplir con los requisitos del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor 24240 sobre transparencia en las condiciones de contratación. En esta materia ya se legisló en La Pampa mediante un proyecto que fue iniciativa del diputado Marín.
Ambivalentes.
Otra definición que deja el proyecto es que los comercios que venden cosas muebles, registrables o no, y bienes de consumo, “no pueden funcionar con finalidad ambivalente, no pueden incursionar en la actividad financiera atípica, conjuntamente con sus bocas de venta y expedición, encontrándose prohibida sus actividades de financiamiento o de servicio de préstamos de dinero”.
Una vez sancionada la ley, las entidades o personas que actúan en ese mercado tendrán un plazo de 60 días para cumplir con los recaudos y condiciones indicadas ante la Dirección provincial de Comercio Interior y Exterior, dependiente del Ministerio de la Producción de la Provincia de La Pampa. “Vencido dicho plazo y no regularizada la situación, corresponde la clausura de los locales y la caducidad definitiva de la habilitación para la atención del servicio u operatoria de préstamo de dinero, que tuvieren como objeto comercial”, establecieron los legisladores.
Problemática.
En un informe sobre la usura en Santa Rosa, el diputado Solana sostuvo que el endeudamiento de determinados sectores de la sociedad con este tipo de comercios “es una problemática creciente” y mostró la diferencia entre tomar un crédito en un banco público, en uno privado o en una casa de préstamos. “El que toma un préstamo a un año por 10 mil pesos en la banca pública paga un Costo Financiero Total promedio del 52,81; en los bancos privados este interés promedio se eleva al 66,92 y en las entidades no bancarias, llamadas financieras, el CFT promedio trepa al 148,5%”. En estos casos, el tomador del préstamo “debe devolver en solo un año más de dos veces lo que se ha prestado”.
La mayoría de los clientes de estos negocios son “familias de escasos recursos o trabajadores de sueldos insuficientes”.
Antecedente pampeano
De prosperar el proyecto de Solana, Berhongaray y Marín, será otro límite que se le pone a estas firmas. La semana pasada se conoció un fallo de la Justicia pampeana que obligaba a las financieras a, en caso de tener que demandar a un garante, hacerlo en la dirección de esa persona, y no en Buenos Aires, que es donde la mayoría de las firmas tiene su sede. La iniciativa también evitará situaciones como la que se difundió hace dos semanas, de una mujer que perdió su casa por comprar una motocicleta en un comercio que aplicaba este tipo de financiación.
Fuente: La Arena
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